La violencia en el sexenio caldenorista

Ariadna Ortega

Quedan pocos días para que termine el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y además de la lucha contra el narcotráfico y las más de 60 mil muertes, el mandatario dejó una estela de denuncias realizadas por organismos mundiales que hasta la fecha no han sido respondidas.

Denuncia en CPI

El pasado 25 de noviembre de 2011, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado.

Los activistas afirman que se trata de denunciar una situación en general, centrada en los años de gobierno calderonista. “Pero no queremos sólo pedir la responsabilidad del presidente, ni siquiera únicamente la de los narcos, sino que buscamos que se puedan juzgar al amparo de las leyes internacionales casos que no están contemplados por la legislación mexicana. En México existe un vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para denunciar situaciones como las “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un simple asesinato” afirmó.

“Esos vacíos legales son los que permiten que la situación se repita una y otra vez y no sólo con los narcos como protagonistas, también con el propio Ejercito mexicano. Ese clima de violencia generalizada ha dejado en los últimos cinco años “más de 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados” aseguró entonces Sandoval.

Ante la denuncia, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles Landa, aseguró que era improcedente.

HRW denuncia abusos militares

A principios de 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos, durante la presentación mundial de su informe en El Cairo.

La directora de comunicación de HRW, Emma Daly, explicó que el presidente mexicano, Felipe Calderón, está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos.

“Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, subrayó Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia.

En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para los militares”, quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Ante la acusación, el gobierno federal rechazó los señalamientos de HRW sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad en el país.

Periodistas entre la violencia

Uno de los gremios más afectados por la violencia en el sexenio es el periodístico. Ante este oscuro panorama, el 3 de mayo Reporteros Sin Fronteras alertó que los cárteles de la droga se mantienen en la lista anual de “depredadores” de la libertad de prensa. Los narcotraficantes “no dudan en corromper a algunos responsables políticos para imponer su ley”, agregó el organismo, que destacó que “la Policía y el Ejército también tienen una gran responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión”, aunque no los incluyó en su lista de “depredadores”.

“La situación, lejos de circunscribirse a los estados fronterizos y costeros, se ha agravado con la ofensiva federal lanzada justo después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006″, señaló RSF, que también ha informado que México es el país más peligroso para los periodistas en el continente americano y se encuentra entre los cinco “más mortíferos” del mundo.

Amnistía Internacional se sumó a RSF y al día siguiente pidió a las autoridades brindar seguridad “eficaz” para “periodistas en riesgo y a sus familiares”.

Ambas organizaciones han indicado que debido a los asesinatos, desapariciones y ataques a medios de comunicación, el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en uno de los más violentos para el periodismo mexicano.

Desde que Calderón declaró un “embate” contra el crimen organizado en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento.

Asesinatos impunes

En su Informe anual 2012, presentado en Londres, AI reseñó que más de 12 mil personas murieron en la violencia resultante de la lucha entre grupos de narcotraficantes contra las fuerzas de seguridad por el control de territorios, y destaca que “la gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron”.

Además, Amnistía Internacional consideró entonces “generalizada” la violencia contra las mujeres en México, donde se denunciaron “un gran número” de homicidios y los responsables siguen eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos.

Por otra parte, AI criticó que el Gobierno no adoptara medidas efectivas para prevenir o investigar las “violaciones graves y generalizadas” de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y la policía, entre las que cita desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Defensores de derechos humanos agredidos

Los ataques contra defensores de los derechos humanos en México se dispararon en 2011, cuando 188 activistas sufrieron agresiones, según un informe presentado el 26 de junio pasado por la organización civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh).

La investigación, a partir de las denuncias de varias ONG y datos recogidos por medios de comunicación, muestra un aumento de ataques a activistas en el 2011 frente a los años precedentes, pues documenta 120 casos en 2008, 153 en 2009, y 50 en 2010.

Durante 2011 hubieron 12 mil víctimas y de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta abril del año pasado, había 8 mil 800 cuerpos sin identificar.

De igual forma, citó cifras de la CNDH, según las cuales, registró mil 695 quejas en contra del Ejército y 495 en contra de la Marina.

El organismo internacional urgió al gobierno mexicano a aplicar medidas efectivas para prevenir o investigar violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la policía.

Remarcó que además en materia de violación a derechos humanos “existen indicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad actuaban en connivencia con organizaciones delictivas en el secuestro y asesinato de presuntos miembros de otras organizaciones delictivas, entre otros delitos”.

Incluso señaló que para el gobierno de México “los abusos eran excepcionales” y que aun cuando ofreció que los autores rendirían cuentas de sus actos durante 2011 “sólo hubo un caso de personal militar que compareció ante la justicia”.

Feminicidios opacados por violencia

Las instituciones de gobierno en México han fallado en su obligación de proteger a las mujeres de la creciente violencia y discriminación que sufren, así como en procesar legalmente a los responsables, apuntó Amnistía Internacional (AI) en julio pasado.

En un informe el grupo defensor de los derechos humanos indicó que pese a la creación reciente de leyes e instituciones para abatir la violencia de género en México, la violencia contra mujeres va al alza.

“En los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia”, declaró Rupert Knox, investigador de AI para México.

Tras calificar la situación como “alarmante”, el experto destacó que “gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva” de las leyes aprobadas a favor de las mujeres, así como en la debilidad de las instituciones gubernamentales encargadas del tema.

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