A dos años del caso Ayotzinapa

Por: Nathalie Melissa Hernández

El 26 de septiembre de 2014 fue una fecha que marcó la vida de muchos individuos. El noveno mes de cada año seguiremos viendo en las calles a miles de personas que se reúnen para levantar la voz y encarar a las autoridades con un único fin: la justicia.

A casi dos años de la noche que cambió la vida a cientos de los familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el caso sigue sin respuestas claras y es un tema casi olvidado para las autoridades responsables de resolverlo, aunque también para millones de personas que dejan en segundo plano un tema tan importante al que hay que darle seguimiento. Muchos de ellos ya no se acuerdan de lo que pasó esa madrugada…

La noche del 26 de septiembre, la Policía Municipal de Iguala atacó y persiguió a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en la carretera que los llevaba a la Ciudad de México para reunirse con varios contingentes en la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968.

Durante la mañana del 27 de septiembre, cientos de medios locales, nacionales e internacionales pusieron en sus titulares la noticia del crimen de Iguala, ocurrido durante la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014. Elementos del Ejército Mexicano investigaron el hecho en el que confirmaron el hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón y reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes presuntamente habían sido secuestrados por policías municipales de Iguala. Dos días después, informaron que ya habían aparecido 14 de ellos, pero seguían sin saber del rastro de los otros 43. Ese mismo día, José Luis Abarca –que en ese tiempo era el actual presidente

municipal de Iguala- fue señalado como presunto autor intelectual de la masacre, por ser quien emitía las órdenes de ataque, a los elementos se seguridad del estado, ya que acusó a los normalistas de querer atacar la fiesta que se celebraría en el DIF del estado, con motivo de los logros durante el mandato de María de los Ángeles Pineda, su esposa, aunque él aseguraba lo contrario, e incluso dijo que ese día había dado la orden para que no atacaran a los normalistas.

Antecedentes de José Luis Abarca

El ex alcalde de Iguala, era un hombre de clase baja que vendía sombreros y huaraches de palma; tiempo después se convirtió en empresario, con la ayuda de su esposa, María de los Ángeles Pineda, y fue así como llegó a la política.

Abarca fue apadrinado por el Secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, uno de los personajes más influyentes del PRD del estado, quien le ayudo a postularse como candidato a la Alcaldía de Iguala, misma que ganó en 2012. Después de la victoria de José Luis, su esposa lo ayudó a cogobernar el estado y fue así como surgió la idea de que en 2015, luego de terminar el mandato de su esposo, ella se postularía para la alcaldía. Justamente éste fue el motivo para que Abarca creyera que los normalistas atacarían el discurso de su esposa durante la fiesta en el DIF –misma en donde se postularía- y fue por eso que mandó la orden de detenerlos.

Luego de confirmarse la desaparición de los 43 y el asesinato de otras seis personas, Abarca pidió una licencia de 30 días a su cargo para, supuestamente, no interferir en las averiguaciones, luego pidió un amparo para no ser detenido. Días después, de escapó con María de los Ángeles.

El 22 de octubre, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló los hechos ocurridos durante la madrugada del 26 de septiembre, en la que le pidió a Abarca que se presentara para dar testimonio de lo ocurrido. El ex alcalde no se presentó.

Quince días después, el de noviembre de noviembre, la Policía Federal anunció la captura de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Los encontraron dentro de una casa, aparentemente abandonada, ubicada en Iztapalapa, en el Distrito Federal.

Luego de la detención, el Presidente de México, y otros altos funcionarios de seguridad involucrados en el caso Ayotzinapa, aseguraron que dicha detención ayudaría a esclarecer los hechos sucedidos en septiembre, y ayudaría a la Procuraduría General de la República a obtener elementos clave en su investigación, ya que los detenidos fueron acusados por presuntamente haber ordenado, al grupo criminal Guerreros Unidos, la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de otras seis en Ayotzinapa, en el mismo mes.

Durante su proceso dentro de prisión, fueron detenidos decenas de personas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas policías de Iguala y Cocula, miembros de grupos criminales y Sidronio Casarrubias, el líder de Guerreros Unidos, quien confesó que los alcaldes recibían altas cantidades de dinero por parte del cártel, e incluso los recibía en las oficinas del Palacio Municipal y ahí mismo planeaban sus actividades. Luego, la Procuraduría General de la República reafirmó la relación entre los Abarca y Pineda con Guerreros Unidos.

José Luis Abarca se enfrentó a seis procesos penales por delitos diferentes. Por ejemplo, en su expediente dice que en los primeros días de septiembre de 2014, el ex alcalde recibió a Raúl “El Campera” Núñez y a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, miembros de Guerreros Unidos, a quienes les pidió que quitaran unos vendedores que invadían el Zócalo de Iguala, Guerrero.

Las declaraciones de los integrantes del grupo criminal aseguraron que Abarca tenía participación activa dentro del cártel y todas las actividades criminales en el municipio, estaban bajo su consentimiento. Otro de ellos, dijo que el ex alcalde y su esposa eran los que financiaban al cártel y controlaban a la mitad de los ayuntamientos que conforman la parte norte de Guerrero.

Además, María de los Ángeles Pineda enfrenta tres procesos penales a nivel federal, uno por delincuencia organizada, delitos contra la salud, por una supuesta relación con el cártel de los Beltrán Leyva, y por el delito de cohecho.

El 19 de octubre de 2015, se dio a conocer que las acusaciones contra María de los Ángeles se estaban cayendo ya que el juez federan encontró alrededor de 15 deficiencias en la investigación y negó tres órdenes de aprensión en contra de ella. La única orden de aprehensión que aceptó fue por el delito de cohecho, luego de comprobarse que Pineda trató de sobornar a la Policía Federal el día de su arresto.

Los 26 de cada mes siguen haciendo ruido, sobre todo en la Ciudad de México y por supuesto en Guerrero, donde los padres, familiares, amigos y activistas siguen en pie de lucha para dar con los responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Aunque la titular de la Procuraduría General de la república, Arely Gómez, aseguró que el caso no está cerrado, no vemos claro el interés por dar con los responsables.

Este es sólo uno de los casos que lastima a la sociedad mexicana. Nuestra sociedad está quebrantada, no queremos más impunidad.

¿Hasta dónde seremos capaces de aguantar?

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